[Boletin-originarios] CHILE: ¿TIEMPO DE DEFINICIONES? / ROSARIO: BARRIOS TOBAS PIDIERON TIERRAS / JUJUY: HISTÓRICO FALLO JUDICIAL / BRASIL: VIOLENCIA CONTRA INDÍGENAS

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Viernes 2 de Junio 2006 | Presos Políticos Mapuche 
Chile: ¿Tiempo de definiciones?

Patricia Troncoso, Jaime Marileo, Patricio Marileo y Juan Carlos Huenulao continúan hospitalizados por su delicado estado de salud tras 70 días en huelga de hambre, medida suspendida el 26 de mayo al arribar a un nuevo acuerdo con autoridades chilenas. En tanto se mantiene el clima de movilización en diferentes puntos del Territorio Mapuche a fin de garantizar la satisfacción de las demandas de los presos políticos. El lunes se reanudará el tratamiento en comisión del proyecto para reformar del Decreto Ley 321 sobre Libertad Condicional impulsado por el senador socialista Alejandro Navarro. 
Si bien desde la Iglesia Católica y sectores del Partido Socialista se intenta generar nuevamente confianza en las negociaciones, los presos políticos mapuche detenidos en la cárcel de Traiguén - Rafael Pichun Collonao y los lonkos Pascual Pichun Paillalao y Aniceto Norin Catriman - lanzaron el 28 de mayo un comunicado público manifestando sus dudas respecto a la instancia abierta e instando a mantenerse alertas. "Desde aquí y con mucha preocupación hacemos un llamado a todas las organizaciones, comunidades y personas que han participado del proceso a que permanezcan atentas al desarrollo de la discusión del proyecto de ley que les permitiría el beneficio de libertad condicional. Esto, porque para nosotros, hoy día el gobierno no está dando ninguna garantía de su real voluntad política para liberar a los presos y solucionar la situación de los perseguidos políticos mapuche". 

Los partidos de derecha Renovación Nacional y Unión Democrática Independiente anticiparon que no apoyarán la reforma de la legislación sobre libertad condicional, y al interior de la Democracia Cristiana - miembro de la coalición gobernante - había opiniones divididas. Se presenta un tablero político plagado de incertidumbres de cara al 6 de junio cuando la Comisión de Legislación trate el proyecto y continúe el recorrido por las diferentes comisiones - cabe señalar que la Comisión de Derechos Humanos ya dio el visto bueno. De aprobarse la modificación promovida por el senador Navarro se modificaría el Decreto Ley 321 sobre Libertad Condicional y los presos políticos mapuche accederían a un régimen de libertad vigilada pese a haber sido condenados por la Ley Antiterrorista (18.314), que impone el cumplimiento de la pena en prisión.

El 19 de mayo los huelguistas habían retomado la medida - interrumpida el 14 - al considerar que el Estado chileno actuaba desconociendo la urgencia de la demanda. "Una vez mas como ha sucedido históricamente el Gobierno chileno, ha faltado a su palabra traicionándonos en nuestra buena voluntad y contestándonos con engaños", afirmaron mediante un comunicado público.
Leer informe completo



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Jueves 1 de Junio 2006 | Importante marcha por el centro de la ciudad 
Los barrios tobas de Rosario pidieron la regularización de las tierras 

Cientos de aborígenes marcharon el martes a distintas dependencias para pedir la regularización de las tierras que ocupan. Primero se dirigieron hacia la secretaria provincial de Promoción Comunitaria junto al Frente de Desocupados. Luego, las comunidades se dirigieron hacia la Municipalidad y la sede de Gobierno de Santa Fe. 

Los miembros de seis asentamientos tobas reclamaron la regularización de los terrenos que ocupan, en algunos casos, hace 30 años. Se trata de los barrios de Travesía y Almafuerte, Los Pumitas y Los Andes - en la zona norte - y de Tacuarita, Villa Cariñito y Amistad, estos últimos ubicados en los alrededores del Barrio Toba Municipal de Rouillón al 4500, en el suroeste rosarino. 

En el edificio de la Municipalidad y en la sede del Gobierno de Santa Fe, representantes de las comunidades pidieron audiencias con el intentente Miguel Lifschitz (PS) y el mandatario provincial Jorge Obeid (PJ), además de reclamar la conformación de mesas de diálogo que también involucren a organismos del Gobierno Nacional.

En el caso de Los Pumitas, asentamiento con unas 2000 personas, el dirigente toba Oscar Talero explicó que en el 2003 la Legislatura de Santa Fe sancionó una ley de expropiación favorable para sus ocupantes, pero que aún no se efectivizó. "Queremos el diálogo de persona a persona, nos cansamos de notificarnos por expedientes y consultas de trámites, eso ya no va más". 

Por el lado del barrio de Travesía y Almafuerte, desde fines de 2004 existe una comisión integrada por organismos de Nación, Provincia y Municipio, con el fin de solucionar el problema de tierras, aunque aún sin resultados prácticos. La comisión se formó tras la masiva ocupación de un terreno aledaño al asentamiento, motorizada por la grave situación de hacinamiento. En aquel entonces la ocupación fue rápidamente desactivada con la promesa de encontrar una pronta solución por vía institucional. Y poco tiempo después, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) propuso a los tobas que realicen un juicio por posesión veinteañal 

"Los gobiernos siempre nos prometen cosas firmadas por ellos mismos pero nunca lo resuelven, siempre lo tiran ese problema a nosotros y que lo resolvamos nosotros", declaró Miguel Medina, de la Cooperativa Constructora de Trabajo de Travesía y Almafuerte. "No sabemos cuáles son las posibilidades concretas de obtener las tierras a través de un juicio", explicó, por eso reclaman que el Estado compre o expropie los terrenos para otorgárselos a sus ocupantes, que en muchos casos tienen más de 30 años viviendo en el asentamiento.

En los asentamientos de la zona norte el reclamo se repite, y también las promesas incumplidas. Elías Romero, dirigente de la agrupación Pueblos Originarios en Lucha, dijo que el intendente de Rosario se había comprometido hace más de un año a dar respuesta por Tacuarita, ya que esas tierras son municipales. Y en el caso de Amistad, que es un terreno privado, se supone que lo estaban estudiando. "Ya es tiempo de que haya una respuesta", pidió Elías. 

Ver fotos de la movilización
Petitorio de la comunidad de Travesía y Almafuerte




      DAN PLAZO PARA TITULARIZAR UN MILLÓN Y MEDIO DE HECTÁREAS INDÍGENAS 

      En Jujuy un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo condenó al Estado Provincial a hacer efectivo el derecho a la propiedad comunitaria de las tierras que reclaman las comunidades aborígenes y le fijó un plazo de 15 meses para que efectúe la transferencia de las tierras en los departamentos de Cochinoca, Yavi, Tumbaya, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Humahuaca, Tilcara, Santa Bárbara y Valle Grande, ubicados en las regiones de Quebrada y Puna. Igual medida beneficiará a las comunidades del pueblo guaraní quienes demandan sus derechos sobre las tierras ubicadas en los Lotes 1 y 515 del Departamento de Santa Bárbara. 

      Esta sentencia es la respuesta a una acción de amparo presentada en agosto de 2003 por la Comisión de Participación Indígena, un órgano deliberativo de las comunidades que funciona en el marco del Programa de Adjudicación y Regularización de Tierras a los Pueblos Aborígenes de la Provincia de Jujuy. La demanda judicial fue motivada por las demoras en acceder a la titularización: desde 1998 a la fecha se han entregado sólo 3 títulos de propiedad, mientras que cerca de 120 comunidades aguardan la culminación del trámite, lo que marcará el inicio de una nueva etapa.

      Según el abogado Pablo Baca, "es el primer fallo que emite disposiciones generales para efectivizar la entrega de las tierras a las comunidades, a quienes reconoce como sujetos de derecho colectivo y como actores fundamentales en el proceso de definición de políticas públicas orientadas a cumplir con el marco jurídico que tutela sus derechos".

      Más información:
      . Comunidades indígenas celebran pronunciamiento de la Justicia
      . Derecho a la propiedad de las tierras: su significado, avances y desafíos
      . Coordinan nuevas tareas, luego del fallo judicial

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      . Fiestas patronales de la comunidad aborigen Ovejería - Despensa El Chañi 
      . Participación de comunidades en sitio patrimonial de la Quebrada 
     


            VIOLENCIA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN BRASIL 

            Por ADITAL
            Agresiones, usurpación de recursos naturales, expropiación de tierras, omisión del poder público, conflictos en función de la lucha por la tierra, negación de derechos, en fin, un panorama de cómo los derechos humanos no han sido respetados en relación con la población indígena. Es eso lo que revela el informe sobre la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil, entre 2003 y 2005, divulgado el 30 de mayo por el Concejo Indigenista Misionero (CIMI). 

            El documento relata que incendios criminales, robos, destrucción de residencias, arrendamiento de pasto, caza y pesca ilegales y extracción de madera fueron la amplia lista de delitos contra los pueblos indígenas, incluidas en las invasiones con toma de posesión, explotación ilegal de recursos naturales y daños diversos al patrimonio. El CIMI contabiliza 37 casos de esa naturaleza en el período comprendido por el informe, de los cuales 17 solamente ocurrieron el año pasado, de enero a julio. También fueron registrados 13 casos relacionados con daños ambientales en 2005.
            Leer informe completo

            Otras noticias de la región:
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            . Millones de indios de Latinoamérica sufren discriminación
           
     


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