[cmi-bolivia-editoriales] Los masacradores huyen; las víctimas se quedan a exigir justicia

[Claudia Espinoza]

Los masacradores de octubre huyen; las víctimas se quedan a exigir justicia


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Enviado por Indy La Paz el Jue, 14/05/2009 - 12:18. 

Análisis 
Juicio a Goni 

Acto recordatorio de la masacre en Río Seco, El Alto  
  
Genaro Flores, nacido en Sorata, fue herido de bala en septiembre de 2003. Le amputaron media pierna y desde entonces su vida cambió totalmente. Pasó a vivir en El Alto en busca de sus curaciones y una prótesis. A pesar de que la consiguió, nunca más pudo volver a ser agricultor y hoy deambula por la ciudad de La Paz pidiendo limosna, con un cartel que dice “héroe de la guerra del gas�.   
Mientras Genaro padece esa tragedia hace más de cinco años, los responsables de la masacre del 2003, gozan de la protección de otros gobiernos y de la riqueza que guardan desde que usufructuraon del poder en Bolivia. El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín se encuentran en Estados Unidos; el gobierno de Perú dio asilo político a los ex ministros Mirtha Quevedo, Jorge Torres Obleas y Javier Tórrez Goitia; Carlos Kukok y Guido Añez, se dieron a la fuga y se desconoce su paradero.  
Ese es el premio que reciben los “masacradores� de 67 personas y más de 400 heridos. Con la ausencia de estos personajes, recordados como los peores asesinos en democracia, el juicio de responsabilidades que debiera iniciarse este próximo 18 de mayo, queda en la incertidumbre y muy probablemente la impunidad volverá a llenar otra página de la historia boliviana. 
En el país, sólo quedan tres ex ministros y los altos mandos de las Fuerzas Armadas para responder por el delito de genocidio.  Pero además el juicio, en la fase oral, está en suspenso porque los abogados de Mirtha Quevedo presentaron una recusación contra todos los miembros del Tribunal del juicio, una chicana jurídica que fue utilizada durante cinco años promoviendo la retardación de justicia en complicidad con las autoridades judiciales.   
El año 2003, las organizaciones campesinas y urbanas articularon la resistencia contra las pretensiones de Sánchez de Lozada de vender gas natural a EEUU. El movimiento se inició en septiembre de aquel año en las comunidades aymaras con bloqueos de caminos. El gobierno de “Goni� mandó tropas militares, cuando cayeron cinco pobladores. Con el pasar de los días, el movimiento se expandió a la ciudad de El Alto, donde se masificaron las protestas contra la venta del gas hasta ser reprimidas brutalmente.   
Desde las sangrientas jornadas, el pueblo espera justicia. Pese a que la defensa de las víctimas presentó las pruebas de la masacre, el proceso no empieza y corre el riesgo de prescribir, de acuerdo a la normativa legal vigente.  Este peligro es una gran llamada de atención tanto a las autoridades de gobierno como a las organizaciones sociales para que interpongan medidas que garanticen la realización del “juicio a Goni y sus colaboradores�. La defensa de los recursos naturales y de la soberanía nacional en manos del propio pueblo desarmado y sólo cargado de dignidad, no puede quedar ni en el olvido, ni en la indiferencia.   


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