[Cmi-sucre] Una reflexión sobre el proceso constituyente en Bolivia

[cmi-sucre]

Una reflexión sobre el proceso constituyente en Bolivia

Raquel Gutiérrez Aguilar · Dunia Mokrani (16/07/2006 21:48)

09/07/06

http://www.bolivia.indymedia.org/es/2006/07/31670.shtml


La realización de una Asamblea Constituyente es un evento político
extraordinario en la vida de las naciones, a través del cual pueden
ocurrir dos grandes sucesos: o se emprende una profunda reforma
constitucional conservando, sin embargo, una serie de principios legales
generales básicos; o bien se trastocan y modifican los nudos más densos
del ordenamiento político de un país, se ponen en cuestionamiento los
cimientos mismos del orden estatal que se refunda a sí mismo a través de
la Constituyente. Esta disyuntiva ha resquebrajado el ambiente político
boliviano durante cinco años y se encuentra, hoy, abierta en Bolivia

A comienzos del año 2001 en Bolivia se difundió un cartel en el cual,
sobre una imagen difuminada de los "guerreros del agua" que sostienen una
manta donde se lee "Asamblea Constituyente con todos los sectores
sociales", se asienta el siguiente texto: "sin intermediación partidaria
para que el pueblo decida el país donde queremos vivir".

El próximo 2 de julio se elegirán en ese país andino los 255 diputados a
la Asamblea Constituyente que debe iniciar su trabajo el 6 de agosto. Esa
Asamblea Constituyente, sin embargo, continúa "intermediada" por los
partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas formales y, junto al tema
de "las autonomías", se ha convertido en el nuevo eje de la confrontación
política en la Bolivia del gobierno de Evo Morales. En las siguientes
páginas revisaremos panorámicamente el especial momento que se abre en la
sociedad boliviana a partir del 2 de julio, comenzando por sus
antecedentes.


De dónde sale la exigencia de Asamblea Constituyente


Existen cuando menos dos antecedentes importantes a la exigencia popular
de Asamblea Constituyente. Por un lado, desde la década de los 90 algunas
organizaciones sociales de los pueblos originarios de Tierras Bajas
comenzaron a hablar de la necesidad de una reforma estatal a realizarse a
través de una Asamblea Constituyente. Esto sucedía en medio de la ola de
reformas constitucionales, auspiciadas en varios países de América Latina
por organismos financieros internacionales, que introdujeron en el
andamiaje legal básico el reconocimiento del "carácter multiétnico y
pluricultural" de sus respectivas naciones. Reconocimiento constitucional
y jurídico que, por otro lado, no tuvo mayores efectos (1).


El segundo y más potente empuje a la exigencia de Asamblea Constituyente
ocurre tras la Guerra del Agua. Entre 2000 y 2001 en Cochabamba se vivió
un interesante experimento de "control social" de la empresa de agua
potable, SEMAPA, "recuperada" por la población movilizada a la
trasnacional Bechtel. Durante casi un año se produjo en esa ciudad un gran
esfuerzo de deliberación y organización colectivo para subordinar la
dirección de SEMAPA a la decisión, intereses y necesidades de miles de
ciudadanos agrupados en múltiples comités de agua potable, juntas
vecinales y otros organismos territoriales y gremiales de base. En aquel
entonces, una y otra vez las decisiones de las asambleas de vecinos sobre
la mejor y más factible manera de resolver el problema del abastecimiento
de agua en las zonas marginales de la ciudad, chocaron contra la
estructura normativa municipal y contra el andamiaje institucional del
Estado en medio del cual se desarrollaban las actividades de la empresa.
Comenzó entonces a cundir un sencillo razonamiento que se volvió poco a
poco sentido común: "si las leyes y las instituciones obstruyen y
dificultan el cumplimiento de lo que es la decisión democrática de la
población sobre un problema tan importante como el agua..., ¡hay que
cambiar las leyes y las instituciones!". En infinidad de reuniones y
asambleas de barrio, se llegaba después de tal constatación a la pregunta:
¿Cómo se cambian las leyes y las instituciones? Y la respuesta que
floreció fue: "a través de una Asamblea Constituyente (2)".

Así pues, desde 2001 la idea de la necesidad de realizar una Asamblea
Constituyente comienza a abrirse paso en el movimiento social boliviano.
Dos rasgos de ese evento se fueron deliberando y aclarando en el tiempo,
en medio de las grandes confrontaciones sociales que desgarraron al país:
la asamblea constituyente debía, en primera, ser "fundacional y soberana".
En segunda, debía rebasar la camisa de fuerza de la estructura partidaria
de la representación política abriendo paso a la participación y a la
palabra de los múltiples y distintos sectores sociales organizados en una
compleja constelación de instancias, juntas, comunidades, ayllus,
asociaciones, sindicatos y federaciones sociales.

Durante los siguientes años, la exigencia de Asamblea Constituyente se fue
generalizando a todo el país; tanto es así, que a partir de octubre de
2003, durante la "Guerra del Gas" que acarreó la caída del entonces
presidente Sánchez de Lozada, las dos demandas principales del movimiento
social boliviano quedan sintetizadas en "reapropiación social de los
hidrocarburos" y "Asamblea Constituyente".

En este marco, durante la gestión del presidente Carlos Meza (octubre
2003-junio 2005), se abre la discusión sobre la convocatoria a una
Asamblea Constituyente. En 2004 se inaugura una oficina estatal para
organizar la Constituyente y la discusión pública auspiciada desde ahí se
centra en el carácter fundacional o no de dicho evento, opacándose el
debate acerca de las formas de representación política legítimas en una
sociedad como la boliviana, donde más del 60% de la población se
auto-adscribe como indígena y, sobre todo, donde más del 80% de los
habitantes están organizados en distintas asociaciones, comunidades,
sindicatos, gremios, juntas vecinales, etc. que intervienen directamente
en la solución de sus problemas colectivos y sus asuntos públicos.

Tras la llegada de Evo Morales al gobierno en enero de 2006, la primera
medida política de gran impacto es la promulgación de la Ley de
Convocatoria a la Asamblea Constituyente (LCAC), ocurrida el 6 de marzo
pasado. Relacionada con dicha ley se presenta asimismo la cuestión de las
"autonomías departamentales", cuya génesis reseñamos brevemente para
completar este bosquejo de los antecedentes del escenario político actual.

Bolivia es un estado central y unitario, conformado por 9 departamentos
cuya máxima autoridad política es un Prefecto que, hasta las elecciones de
2005, era designado directamente por el presidente del país. Bajo esta
forma organizativa se agigantan los problemas, malestares y
cuestionamientos que acarrea la "centralización" de las decisiones
políticas principales, aun en estados federales. En el caso boliviano, la
centralización ha sido denunciada como un mal estructural de la
institucionalidad estatal, sobre todo por las elites terratenientes y
agroindustriales de los departamentos del oriente y el norte del país:
Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.

A comienzos del año 2005 hubo en Santa Cruz una gran movilización
auspiciada por el empresariado que, aprovechando como pretexto el alza en
los precios internos del diesel que se utiliza para la agroindustria,
denunciaba el "centralismo secante" y exigía "autonomía departamental".
Esto ocurría en medio de la gran división que por aquel entonces
desgarraba al país entre quienes exigían la nacionalización de los
hidrocarburos entregados a las transnacionales y quienes, más bien,
defendían el status quo en virtud de sus importantes negocios de provisión
de servicios a tales corporaciones extranjeras: una fracción del
empresariado cruceño y tarijeño. En enero de 2005 la oligarquía del
oriente del país organizó, pues, su propia movilización financiando un
"paro departamental" y obligando a sus empleados a acudir a un Cabildo.
Fue entonces cuando se estableció la "autonomía departamental" como
bandera política de las regiones del oriente. Tal demanda de autonomía
funciona a dos niveles. Por un lado, sirve de coartada para las elites,
que se dotan de un "enemigo" a combatir y a partir del cual movilizar el
apoyo popular: el centralismo. Por otro, tal dispositivo discursivo
efectivamente recoge cierta sensación de malestar, muy extendida en las
tierras bajas bolivianas, sobre el carácter conflictivo de los habitantes
andinos y permite que fluyan y se exacerben las discrepancias que
atraviesan a los sectores populares de estas dos regiones, en tanto los
"cambas" suelen quejarse de la ambición hegemónica y el desprecio de "los
andinos".


La Ley de Convocatoria, el referéndum y un poco de aritmética

La Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, promulgada el 6 de
marzo pasado, estableció a los partidos políticos, a las agrupaciones
ciudadanas y a los pueblos indígenas como las únicas instancias capaces de
proponer diputados constituyentes (Art.7). Puesto que no existe una
definición legal de lo que es un "pueblo indígena", esto significó un
dique a la aspiración de participación y representación política autónoma
de una extensa parte de la sociedad boliviana. Además, en una ley conexa a
la Convocatoria a Asamblea Constituyente, se estableció la "convocatoria a
referéndum nacional vinculante a la Asamblea Constituyente para las
Autonomías Departamentales". La pregunta que será a sometida a referéndum
el próximo 2 de julio, al mismo tiempo que se elijan los diputados
constituyentes, es la siguiente:

Art.4. Ley 3365: ¿Está usted de acuerdo, en el marco de la unidad
nacional, en dar a la Asamblea Constituyente el mandato vinculante para
establecer un régimen de autonomía departamental, aplicable inmediatamente
después de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en
los departamentos donde este Referéndum tenga mayoría, de manera que sus
autoridades sean elegidas directamente por los ciudadanos y reciban del
Estado Nacional competencias ejecutivas, atribuciones normativas
administrativas y los recursos económico-financieros que les asigne la
nueva Constitución Política del Estado y las leyes (3)?

Más allá de la confusa redacción de la pregunta, es claro que de ganar el
"sí" en algunos departamentos, sobre todo en el Oriente del país, los
cambios institucionales derivables de tal decisión serían más parecidos a
una descentralización político-administrativa acotada y caótica, que al
establecimiento de regímenes autonómicos regionales o de una estructura
federal en el marco de un Estado nacional diseñado de otra manera.

La intención de las oligarquías orientales organizadas en los distintos
organismos y comités "cívicos" que pretenden asumir la representación
política regional ha sido clara desde un inicio: quieren tener
prerrogativas de decisión sobre los recursos naturales que se encuentran
en sus regiones. Y esa disputa no queda zanjada a través del referéndum.
La continuidad de los negocios extractivos de las transnacionales
asociados de manera limitada y en clara relación de subordinación a las
empresas constructoras y proveedoras de servicios de Santa Cruz y Tarija
es lo que está en juego. Ese es el contenido que otorgan a la "demanda
autonómica" que, con justa razón ha sido una y otra vez denunciada como
"afán secesionista" tanto por el joven movimiento social regional como por
los pueblos originarios de Tierras Bajas (4).

El gobierno del MAS, al admitir la pregunta sobre la autonomías
departamental redactada de esta manera, en vez de asumir el problema real
de la estructura central y unitaria del Estado boliviano y presentar
alternativas políticas para ello, lo que ha hecho es quedar atrapado en
los afanes separatistas del "discurso autonomista" cruceño. De ahí la
confusa postura que el propio presidente Morales ha tenido en relación al
tema: primero convocó a votar por el SI en el referéndum y ahora llama a
la población a manifestarse por el NO. Aunque manifestarse por el NO, e
incluso si el NO ganara en los departamentos de las tierras bajas, no
resuelve el problema de una configuración estatal vertical y centralista,
muy poco adecuada para la regulación de la vida social en regiones tan
heterogéneas y diversas como existen en Bolivia.

Ahora bien, mencionamos arriba que en la Ley de Convocatoria a la Asamblea
Constituyente solamente se admitió la representación política a través de
partidos y organizaciones formales. Unas cuantas consideraciones en torno
a esto.

En las elecciones del 18 de diciembre pasado, dos fueron los principales
actores políticos: el MAS de Evo Morales, que obtuvo el 54% de la
preferencia electoral, y la organización ciudadana de derecha PODEMOS
(Poder Democrático Social), que bordeó el 30% de los votos. En PODEMOS
convergieron dirigentes y funcionarios de varios partidos tradicionales
responsables de 20 años de neoliberalismo en Bolivia, en momentos en los
que las estructuras partidarias más antiguas (MNR, MIR, ADN, MBL, UCS,
UN), en tanto instancias de mediación, habían colapsado en sus esfuerzos
de rearticulación política desde junio de 2005 (5).

Curiosamente, ahora, a través de la Ley de Convocatoria a Asamblea
Constituyente, son justamente esos partidos tradicionales los que
reaparecen como titulares válidos de la representación política –pues
conservaron su registro, aun si no obtuvieron prácticamente ningún
parlamentario en las elecciones últimas—. Por su parte, los voceros y
figuras visibles de los múltiples movimientos sociales, o bien no están
presentes –como es el caso, por ejemplo, de Oscar Olivera, vocero de la
Coordinadora del Agua—, o bien. para lograr convertirse en candidatos a
constituyentes, tienen que llegar a algún acuerdo con el MAS, con lo cual
se desnaturaliza, o al menos se complica, su carácter de representantes
autónomos de un determinado segmento social organizado y con capacidad de
movilización.

Las únicas "agrupaciones ciudadanas" que en estos comicios tendrán
representación nacional son dos: Concertación Nacional (CN) que agrupa los
intereses de las iglesias evangélicas y TRADEPA donde se aglutinan
jubilados de las fuerzas armadas. El esfuerzo que en marzo pasado hicieron
diversos sectores y movimientos sociales por postular candidatos a
diputados constituyentes a nivel nacional a través de la agrupación
ciudadana MUSPA resultó inútil, pues dicha organización quedó excluida de
la contienda mediante un argumento administrativo de corte burocrático. En
el MUSPA (Movimiento Social Patriótico), agrupación nacional con registro
formal, se habían aglutinado a nivel de varios departamentos, diversos
representantes, voceros y militantes de múltiples movimientos sociales a
fin de participar en la Constituyente. En abril pasado y después de haber
sido inicialmente admitidos por la Corte Nacional Electoral, fueron
descartados más de 150 candidatos provenientes de los movimientos sociales
más representativos, mediante el argumento de que el MUSPA no presentó
ante la Contraloría la "garantía" exigida en caso de no obtener la
votación suficiente (6). De esta manera se descartó al bloque de
representación política de la "izquierda autónoma" para la Constituyente.
Esto es, se canceló cualquier representación popular por fuera del MAS. La
única posibilidad de participación que les quedó a tales candidatos fue la
aceptación de la mediación del partido gobernante. La mayoría prefirió
quedarse afuera.

Además de las agrupaciones ciudadanas nacionales, existen diversas
entidades de este mismo tipo a nivel departamental, sobre todo en las
zonas del Oriente y de Oruro en el altiplano occidental. Entre ellas
podemos mencionar, en Santa Cruz, Autonomía Social Integradora (ASI),
Autonomía Para Bolivia (APB) , Movimiento de Acción Ciudadana (Maca); en
Oruro, Movimiento San Felipe de Austria (MSFA), Movimiento Autónomo
Regional (MAR), Alianza de Bases (Alba), Movimiento de Integración
Boliviana (MIBOL). Todas estas agrupaciones, además de ser prácticamente
desconocidas, se aglutinan en torno a propuestas que al ser locales no
inciden en el ámbito de las decisiones políticas de fondo.

Finalmente, aun a nivel departamental, los candidatos a diputados
constituyentes que no provienen de la estructura formal de los partidos
han enfrentado enormes dificultades que en más ocasiones de las deseables
han terminado inhibiendo la participación. Por ejemplo, en el nororiente
del país, sobre todo en la región amazónica, hubo interesantes esfuerzos
organizativos que no tuvieron éxito. Rosario Aquim, frustrada candidata a
diputada constituyente por el departamento del Beni, dominado por
empresarios madereros y propietarios de fincas, expresa así lo que
sucedió:

"depuraron a la mala las listas de las agrupaciones ciudadanas más
representativas de los intereses de los indígenas y campesinos del Beni,
que son Cambio-Beni, de Carlos Navia, y Poder Amazonico Social (PASO), de
Palmiro Soria. Dicen que porque la Corte Departamental en Trinidad está en
manos de la ADN... Teníamos que aliarnos con algún partido tradicional,
pero yo no quise (7)".

Es relevante mencionar para concluir esta parte que ninguna organización
indígena se ha presentado como tal. Esto ocurre, en primer lugar, porque
la supuesta representación de los "pueblos indígenas" no quedó regulada de
ninguna manera. Y en segundo, porque los "pueblos indígenas" realmente
existentes participan en política a través de sus organizaciones naturales
–los ayllus en el occidente, asambleas de pueblos en oriente, etc.—, o de
sus representaciones sociales y sindicales –sindicatos, federaciones,
asociaciones, etc.—. De esta forma, toda la representación política
indígena que pueda haber en la Asamblea Constituyente, dada la forma de la
elección, será posible solamente por la vía del MAS.

Habiendo revisado los mecanismos formales de representación política, vale
la pena analizar brevemente el diseño electoral de la Constituyente. La
Ley de Convocatoria establece que serán 255 los diputados constituyentes,
divididos en 210 diputados uninominales y 45 diputados plurinominales.
Para la selección de diputados uninominales, los ciudadanos votarán por
tres diputados en cada una de las 70 circunscripciones electorales que
existen en Bolivia. Por su parte, se escogerán 5 diputados plurinominales
por cada uno de los 9 departamentos.

Esta forma de representación sin duda constituye un avance democrático,
pues la mayoría de los constituyentes, al ser uninominales, deben
responder a sus electores de manera más directa. Sobre todo en el campo,
la representación uninominal ha sido la vía para que ingresen diputados
indígenas al parlamento desde 1997. Sin embargo, esta virtud se enfrenta
con dos obstáculos: por un lado, como señaló Rosario Aquim para la región
amazónica, las organizaciones locales con mayor presencia indígena son
boicoteadas por las instituciones electorales tradicionales. Al no tener
casi ninguna experiencia en política formal, son fácilmente descartadas.
Por otro, al difuminarse la representación política de manera local y
sobre todo en ausencia de las voces más claras de los movimientos sociales
más influyentes, el contenido de las propuestas locales se diluye en un
sinfín de necesidades de alcance limitado, y los temas generales de
transformación estatal tienden a evaporarse.

Este diseño electoral tiende claramente a favorecer al MAS, pues no sólo
éste ha sido el partido que más diputados uninominales ha conseguido en
las dos últimas elecciones, sino que además sus diputados son claramente
los "más legítimos" de todos, si consideramos el número local de votos por
un candidato como índice de su legitimidad. De alguna forma, existe la
intuición en la sociedad boliviana de que en el "acuerdo político" –léase
arreglo o pacto entre dirigentes partidarios del MAS y de PODEMOS— que
permitió la aprobación en marzo de la Ley de Convocatoria a la Asamblea
Constituyente se intercambió la aceptación, por parte de la derecha, de
esta forma de elección por la inclusión del referéndum sobre autonomías en
la misma elección.

Finalmente, cabe mencionar que la posibilidad de impulsar grandes
transformaciones tanto del andamiaje institucional del Estado como del
cuerpo legal básico de la nación por la vía de la Asamblea Constituyente
también está limitado por su artículo 25, en el que se establece que la
aprobación de los nuevos artículos de la Constitución deberá contar con
dos tercios de votos. Leyéndolo a la inversa, esto significa que cualquier
coalición de 1/3 de los constituyentes tiene capacidad de veto sobre las
intenciones transformadoras de cualquier otro bloque. ¿Será que el MAS
logra obtener más de 185 diputados constituyentes para rebasar los dos
tercios necesarios para la aprobación de cuestiones de fondo? Esto hubiera
sido claramente posible, si no se hubiera excluido desde el Estado la
representación política autónoma de la diversidad social indígena y
popular boliviana. Bajo las actuales reglas de elección, habrá que esperar
a después del 2 de julio para realizar cualquier prospectiva, pues es
imposible saber qué ocurrirá en los distintos ámbitos locales.

Como conclusión de este acápite insistimos en que la Ley de Convocatoria a
la Asamblea Constituyente ha reducido el espacio político abierto por los
movimientos sociales en los años de lucha anteriores, tanto por los
actores que incluye como por las formas de hacer política que deja fuera.
Los movimientos sociales bolivianos entre el 2000 y el 2005 produjeron por
sí mismos la apertura del horizonte político y, por ende, la posibilidad
de redefinir la política, cuestionando no sólo las formas de
representación monopolizadas por partidos políticos tradicionales, sino la
propia trama de poder inventada por éstos. En las vísperas de la elección
de los diputados constituyentes más bien se vive la reconstitución del
viejo ámbito de lo político como espacio de monopolio cerrado de la
decisión pública. Así, el escenario actual ha dejado de ser un espacio
amplio de deliberación política e intervención directa sobre el asunto
público, para convertirse en un conocido teatro electoral.

Los contenidos de la Constituyente
Dada la captura de la "política constituyente de la multitud” (8)
desplegada en años previos por el orden legal instituido, que tiñe la a la
actual Ley de Convocatoria a Asamblea Constituyente redactada por el
vicepresidente García Linera, los contenidos políticos de fondo parecen
estar hoy curiosamente ausentes del debate. En Bolivia, actualmente, si
bien todos hablan de la Asamblea Constituyente, en relación a los
contenidos, se discuten o bien ideas sumamente generales, o bien
cuestiones estrictamente particulares. Proliferan en las distintas
ciudades los foros sobre tal o cual aspecto político o derecho específico;
y ahí los candidatos responden según el universo discursivo de sus
intereses coyunturales. Veamos, por ejemplo, el caso de la discusión
“Sobre la reelección”, tal como lo retrata La Prensa:

El planteamiento de sí a la reelección, según Romero, jefe de la bancada
masista, está fundamentado en la idea de “dar continuidad política a las
políticas públicas estatales”. Romero complementó que se planteará la
reelección “por las circunstancias que atraviesa el país, es decir, que se
requiere diseñar políticas públicas para reconstruir un Estado que ha
colapsado y que requiere una gestión continuada de rotación de políticas
de mediano plazo”.

La segunda postulante departamental del MAS en La Paz, Marcela Revollo,
consideró sin embargo que este tema es por el momento “irrelevante”. “Eso
(la reelección) se está dejando para la Constituyente, lo que se está
definiendo son más bien expresiones más generales de la reforma política”,
aseveró. Según dijo, la propuesta de su partido “apunta a una democracia
plural, una institucionalidad inclusiva e intercultural”, y la reelección
queda para después.

Al respecto, dirigentes de Poder Democrático y Social y Unidad Nacional
rechazaron la reelección por considerarla una forma más de prorroguismo.

Esta es la tónica de la deliberación pública actual. Es decir, un típico
debate entre los que detentan el poder y los que lo perdieron, a fin de
ponerse de acuerdo en las posibles reformas al orden de gobierno. Los
temas de fondo presentados en años anteriores por la población movilizada,
que impugnaban el conjunto de la representación política liberal,
comenzando por sus principios básicos, así como la estructura de la
propiedad tanto de los hidrocarburos como de la tierra y del agua, hoy
quedan fuera del debate auspiciado por la prensa y por las propias
instituciones políticas formales.

Así, se vuelve a presentar en Bolivia una escisión entre la discusión de
los intereses y expectativas de fondo de la población y sus formas de
agruparse y deliberar, por un lado; y la puesta en escena de ofertas
electorales de candidatos a constituyentes que hacen propuestas de
reformas puntuales.

Entre los temas específicos más importantes que están en la mesa del
debate público podemos enumerar: 1) el relativo a establecer un estado
laico, en virtud de que Bolivia sigue siendo, constitucionalmente, un
estado confesional católico. 2) La cuestión de si el sistema político
boliviano debe continuar siendo "presidencialista" o conviene su
transformación en "parlamentarista" y 3) La propuesta de las feministas de
modificar la manera legal de filiación de los hijos, del apellido del
padre al de la madre. Temas sin duda muy importantes, pero de mucho menor
alcance que la ambición indígena-popular de "refundar el Estado".

Entonces, lo que más se discute actualmente son, en el mejor de los casos,
diversas propuestas parciales de reforma política a consagrarse en la
Constitución. Veamos un ejemplo de lo que queda recogido por la prensa, no
por su particular importancia, sino para ilustrar cómo se ha modificado el
universo de deliberación: de una búsqueda de transformar profundamente la
relación entre los gobernantes y los gobernados, a una polémica entre
gobernantes sobre la manera más eficiente de garantizar la
"gobernabilidad", es decir, la aceptación de sus decisiones por la
población.

Las fuerzas proponen 5 años de gestión congresal
Concertación Nacional
Los representantes al Legislativo deberán tener un periodo legislativo de
cuatro años y podrán ser reelegidos por una nueva gestión Constitucional,
después de la cual quedarán deshabilitados para volver a ejercer un cargo
legislativo.
MAS
Las elecciones de parlamentarios se realizarán por separado en fechas
distintas de las del Presidente, Vicepresidente y prefectos con el
objetivo de que los poderes Ejecutivo y Legislativo tengan distintos
periodos de permanencia en el ejercicio del poder, y serán elegidos por
cinco años.
MIR
Por voto universal y directo, por un periodo de cuatro años, el mismo que
el presidencial.
PODEMOS
Podemos plantea: a) la elección de tres senadores por cada departamento.
Si la elección se define en la primera vuelta, dos al ganador y uno a la
segunda fuerza. Si se realiza la segunda vuelta, dos senadores se asignan
en la segunda vuelta mediante sistema proporcional y el tercero al ganador
en la segunda votación; y b) la elección de no más de 100 diputados, todos
en circunscripciones uninominales, por simple mayoría. El Código Electoral
establecerá únicamente un número base para todos los departamentos y la
Corte Nacional Electoral fijará para cada elección, con base en los datos
oficiales del último censo, el número total de diputados para cada
departamento en función del criterio estricto de población.
TRADEPA
Por medio de elección directa, suprimiendo a los representantes
plurinominales, y por cinco años.
UCS
Para dar mayor seguridad en el cumplimiento de las obligaciones
legislativas, proponemos la elección de parlamentarios plurinominales cada
cinco años, alternos a la elección presidencial, es decir un 50 por ciento
de congresistas junto a la elección del presidente y el otro 50% a la
mitad de gestión de la elección presidencial, con el objetivo de que éstos
puedan cumplir su mandato ciudadano con derecho a la reelección.
UN
Los congresistas tienen que ser elegidos por el mismo tiempo que el
Presidente y el Vicepresidente.

Más allá de estas complicadas discusiones sobre formas de representación y
mecanismos electorales, que obscurecen la voluntad política expresada una
y otra vez por los movimientos sociales en los años pasados de
constituirse en sujetos legales de derechos políticos colectivos, es
decir, en "sujetos de derecho público" (9); la preparación "oficial" de la
Asamblea Constituyente consiste en hacer campaña electoral para llamar a
votar por los candidatos del gobierno. Una vez más no es la deliberación
lo que se privilegia, sino el llamado a delegar la representación. Y peor
aún, tal como hemos mostrado, el tratamiento de los asuntos políticos
relevantes, como las maneras posibles de "construir" un estado
auténticamente pluricultural o la cuestión de los derechos colectivos como
mecanismo modificador de la relación estado-sociedad, no están en el
centro de la atención.

En cierta medida, durante el último mes, la reapertura del debate sobre
las autonomías repolitiza un poco el proceso electoral. Aunque por lo
general, las opiniones de los representantes de los movimientos sociales
coinciden en que esa es también una pugna entre quienes están en el
gobierno y quienes quieren recuperarlo

En síntesis, lo que se refleja en las campañas es una derecha sin otro
proyecto político que el de crear nuevas trincheras para su poder
apoyándose en las posturas de los Comités Cívicos. Y un partido
gobernante, el MAS, que prefiere apresuradamente poner en marcha planes de
reforma decididos y gestionados desde arriba (la nacionalización del gas,
la reforma agraria), en vez de comprometerse con la deliberación amplia en
la Asamblea Constituyente. Cada vez queda más claro que los dirigentes del
MAS quieren presentarse a sí mismos como los únicos actores del cambio
político y buscan que la Asamblea Constituyente sólo sea la prolongación
de ello, en vez de un escenario donde se favorezca la deliberación y la
construcción colectiva.

Por el lado de los movimientos sociales hay un lento y dificultoso
esfuerzo por recuperar la voz abriendo espacios para la discusión desde la
base. Entre los temas que se están debatiendo están 1) la estructura de la
propiedad de la tierra, 2) las formas de propiedad de los bienes de la
nación y la consagración legal de derechos colectivos, 3) la estructura
política conveniente para el país. Sin embargo, habiendo quedado sus
figuras más visibles fuera de la Asamblea Constituyente, estas actividades
se hacen, una vez más, desde los márgenes, desde los bordes de una
estructura política que nuevamente los excluye. Por eso mismo, el lenguaje
que viene gestándose desde estos espacios está, nuevamente, cargado de
formulaciones que confrontan e impugnan; con la dificultad anexa de que
prácticamente todos no sólo votaron por Evo Morales en diciembre pasado,
sino que incluso apoyan críticamente las medidas que ha emprendido.

Después del dos de julio, una vez pasadas las elecciones de los diputados,
se abre un espacio en el cual, quizá, los asuntos políticos verdaderamente
importantes volverán a situarse en la agenda pública. Una vez más, esto lo
harán los diversos movimientos sociales autónomos, desde la exclusión de
la representación política formal y en una situación tal, que se verán
compelidos a "obligar" a los constituyentes uninominales electos de cada
región a asumir las posiciones de sus electores. Esto es, nuevamente a
través de una mediación impuesta. Pese a todo, hay posibilidades ciertas
de ampliación democrática en Bolivia y ahí se están concentrando muchas de
las preguntas políticas prácticas más interesantes. En la posibilidad de
refundar democráticamente un estado, abierta por la constancia y tenacidad
de la lucha de los hombres y mujeres que se levantaron y movilizaron
durante media década, los diversos movimientos sociales no encuentran
actualmente en el MAS a un aliado, sino a una organización partidaria que
quiere sumergir la pluralidad política dentro de sí misma. Eso ya se ha
experimentado en en otros lugares del mundo, y significa la clausura de
una oportunidad histórica. En todo caso, durante la segunda mitad de 2006
en Bolivia estará expuesta en carne viva la tensión entre la capacidad
creativa desde la autonomía política del movimiento social y la
restauración estatal de la gobernabilidad colonial y de élite.- Ciudad de
México/Sucre-Bolivia, junio de 2006

Raquel Gutiérrez, miembro del Consejo de Redacción de SINPERMISO, y Dunia
Mokrani son investigadoras del Centro de Estudios Andinos y Mesoamericanos
(CEAM), en México y Bolivia respectivamente. El texto aquí reproducido fue
elaborado para el Programa para las Américas del International Relations
Center (IRC).

NO T A S : (1) Sobre esto, véase Rodolfo Stavenhagen, "La emergencia de
los pueblos indígenas como nuevos actores políticos y sociales en América
Latina" en Escárzaga Fabiola/Gutiérrez Raquel, Movimiento indígena en
América Latina: resistencia y proyecto alternativo, CEAM-UACM-BUAP-Juan
Pablos-GDF, México, 2005 // (2) Sobre esto puede revisarse Raquel
Gutiérrez, "La Coordinadora de Defensa del Agua un año después de la
Guerra del Agua", en Gutiérrez et al, Tiempos de Rebelión, Comuna, La
Paz-Bolivia, 2001. // (3) Ley No. 3365 del 6 de marzo de 2006 // (4) En
conversación con Jesús Castillo, representante de la Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG), cuyos territorios están justamente en la más rica zona
hidrocarburífera de Bolivia, la región del Chaco, el dirigente nos
comunicó, entre otras, su preocupación de que la legítima reivindicación
de autonomía que ha enarbolado la APG sea desnaturalizada por los "cambas
ricos" -los empresarios cruceños- del Comité Cívico de Santa Cruz.
Participación de Jesús Castillo en las II Jornadas Andino-Mesoamericanas
organizadas, entre otros, por el CEAM en marzo pasado en La Paz y El Alto,
Bolivia. // (5) En junio de 2005, en medio de un bloqueo general de
caminos, las elites partidarias trasladaron la sede del Congreso Nacional
de La Paz a Sucre, a fin de desconocer a Carlos Meza como presidente
interino de Bolivia y nombrar al entonces presidente del Senado, Hormando
Vaca Díez, del MIR, como nuevo mandatario. La intención política de las
elites partidarias consistía en impedir que se abriera un nuevo periodo
electoral y, más bien, reorganizar sus fuerzas en torno al MIR desde la
presidencia para esperar tiempos políticos más calmados. // (6) Entrevista
a Oscar Olivera el 7 de abril de 2006 // (7) Entrevista a Rosario Aquim en
mayo de 2006 // (8) Formulaciones y reflexiones en torno a esta idea
fueron presentadas en diversas publicaciones y foros públicos por los
integrantes del Grupo Comuna, Luis Tapia, Raúl Prada, Raquel Gutiérrez y
Alvaro García Linera entre 1999 y 2003 // (9) Utilizamos esta expresión de
Magdalena Gómez para explicar el contenido de la Contrarreforma indígena
en México, pues precisa las intenciones y búsquedas de varios importantes
movimientos sociales en Bolivia.

Fuente:  http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=646